JEP en su Sala de Reconocimiento envió a la Sala de Amnistía e Indulto una propuesta para que perdonen judicialmente a dos exmiembros del Secretariado de la extinta FARC-EP

La Sala de Reconocimiento de la JEP envió a la Sala de Amnistía e Indulto una propuesta para que perdonen judicialmente a dos exmiembros del Secretariado por hechos particulares de secuestro que configuran crímenes de guerra y lesa humanidad. Víctimas y organizaciones rechazan la solicitud, pues argumentan que en cautiverio hubo torturas y malos tratos.

Una nueva polémica se generó luego de que la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hiciera una propuesta para amnistiar algunos hechos de secuestro cometidos por la extinta guerrilla de las Farc. La iniciativa, que llegó desde ese despacho hasta la Sala de Amnistía e Indulto, tiene como objetivo que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, dos exmiembros del Secretariado, sean indultados por algunos hechos particulares que se habrían enmarcado en la política de secuestros que estableció el grupo armado. Esta recomendación se basó en hechos en los que, supuestamente, las Farc no infringieron el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para tomar la decisión de recomendar la amnistía, que no es otra cosa que un “borrón y cuenta nueva” en la justicia, la Sala de Reconocimiento encontró que, como máximos responsables, Timochenko y Gómez no habrían infringido reglas internacionales en la política instaurada desde el Secretariado respecto a las privaciones de la libertad. Fuentes que conocen de cerca el proceso le explicaron a este diario que este anuncio es apenas una solicitud y no afectará el auto con el que se les imputó a los comparecientes crímenes de guerra y lesa humanidad por secuestros. Y señalaron que, de todas maneras, serán sancionados este 2025 por implementar una práctica que dejó más de 21.000 secuestrados en todo el país. Esa determinación, además, dejó en evidencia cómo, durante el cautiverio, las víctimas fueron objeto de malos tratos, torturas, marchas forzadas y asesinatos.

De acuerdo con la Sala, aunque existieron algunos secuestros de miembros de la Fuerza Pública que sí cumplieron con elementos del crimen internacional de toma de rehenes, cuando la guerrilla estableció que la finalidad de esas retenciones no era forzar el intercambio de guerrilleros presos, hay otros casos en los que no. Para la Sala, la JEP debería aplicar la amnistía sobre las privaciones de la libertad de miembros de la Policía y Fuerzas Militares que corresponden a “aprehensiones de combatientes efectuadas en operaciones militares realizadas por ‘razones imperativas de seguridad’”. En su mayoría, estos hechos se dieron luego de incursiones guerrilleras en las que las Farc se tomaron estaciones de Policía o retenes militares.

Llegar a esa conclusión le tomó a la Sala cerca de cuatro años, desde la imputación al Secretariado en enero de 2021, precisamente por secuestros. La conclusión es que hay hechos en los que, dicen, las Farc respetó el DIH. Uno de esos sucesos ocurrió el 31 de agosto de 1996, en la base militar Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo). Ese día, la guerrilla se tomó esa unidad militar y secuestraron a 60 uniformados. Según la Sala de Reconocimiento, contrario a lo que se había establecido en la justicia ordinaria, el hecho de haber plagiado a tal número de militares no se hizo con el fin de intercambiarlos por guerrilleros presos, pues fueron liberados unilateralmente el 15 de junio de 1997 en Cartagena del Chairá (Caquetá).

La propuesta no escapó la polémica. Especialmente porque, aunque el secuestro podría ser “valido” bajo los ojos del Derecho Internacional Humanitario, la Sala no aclaró si el trato que recibieron los uniformados durante el cautiverio no cumplió con lo establecido en esas normas. Expertos en la materia le dijeron a este diario que la preocupación gira en torno a si, en el caso de Las Delicias, durante esos casi 11 meses en cautiverio, los 60 militares fueron objeto de malos tratos, torturas y extensas caminatas. Si bien la JEP aclara que la recomendación de amnistía no abarca esos vejámenes, organizaciones señalan que la Sala pidió incluir el hecho concreto del secuestro como amnistiable, es decir, con todo lo que pasó durante ese tiempo.

Por ello, solicitan que se haga un estudio riguroso sobre los hechos que enmarcaron la toma de Las Delicias durante y después de la incursión guerrillera. Diana Vargas, representante de víctimas de la organización Tejedores de Paz, apuntó en medios de comunicación que el hecho de generar una amnistía para ambos exmiembros del Secretariado es “bajarle el estatus a las víctimas”. Ella se refirió a que, aunque hay hechos de secuestros que están enmarcados en normas internacionales, también hay “tratos inhumanos”. Ya agregó: “Muchas víctimas que son secuestradas terminan siendo violentadas, torturadas, a algunos los obligan a trabajar o se da trata de blancas, entonces vemos más allá cómo el secuestro sí es un delito de lesa humanidad”.

La organización que Vargas representa anunció que, junto a otras como la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) y la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro y Desaparición (Asofam), pedirán a la JEP reconsiderar la solicitud. Para Fevcol, el hecho de que la Sala pida amnistía por hechos como el ataque de las Farc en la quebrada El Billar (Meta), donde las Farc se llevaron a 43 militares el 3 de marzo de 1998 , “es el extremo de la vulneración de los derechos de las víctimas”. Al menos 38 uniformados secuestrados durante esa operación fueron liberados en junio de 2001. Según la Sala, solo cinco permanecieron privados de la libertad con fines de intercambio por guerrilleros presos.

Tres de ellos fueron liberados en la operación Jaque en el año 2008 y los dos últimos fueron liberados en abril de 2012. “Londoño y Gómez son máximos responsables por mando de todas las acciones violentas causadas por las Farc. La amnistía propuesta para estos criminales es una afrenta a las víctimas”, añadió Fevcol. Estos son solo algunos de los hechos que tuvo en cuenta la Sala de Reconocimiento para pedir amnistía en contra de dos altísimos miembros de la extinta guerrilla. Ahora, la Sala de Amnistía e Indulto tendrá que tomar la decisión de si les otorga este perdón o no. Para hacerlo, ya recibió comentarios de organizaciones y víctimas que reclaman que, aunque puedan existir tomas de rehenes permitidas por el DIH, no se justifican los malos tratos, torturas y otros vejámenes contra quienes alguna vez estuvieron en cautiverio.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a JEP en su Sala de Reconocimiento envió a la Sala de Amnistía e Indulto una propuesta para que perdonen judicialmente a dos exmiembros del Secretariado de la extinta FARC-EP puedes visitar la categoría Colombia.